RETRATOS: SOBRE LA (IM)POSIBILIDAD DE CONFIGURAR UNA VERSIÓN PICTÓRICA DE LA MEMORIA EN CHILE
Capítulo I

Ana Karina Lucero
altazor_2004@yahoo.es

Transición: Pactos, consensos y memorias

El marco/pacto democrático que se instala en Chile con posterioridad a la dictadura militar, al plebiscito de 1988 y al triunfo del “No” en el año 89, no constituye el mismo modelo de democracia previo al golpe acaecido en 1973¹.

El pueblo- si es que el vocablo puede invocarse bajo este nuevo esquema-; a partir de los años noventa, está sujeto a numerosos enclaves autoritarios que se sobreponen al orden político-institucional vigente, los cuales abarcan desde entidades de índole militar que no se someten completamente a los lineamientos establecidos por el gobierno civil, la legitimación de senadores designados (práctica que hace algunos años fue abolida, pero que ha sido retomada de manera perniciosa por los últimos gobiernos); un sistema electoral fallido que sobrerrepresenta a las minorías tensionando la soberanía, hasta la puesta en marcha de políticas económicas inconsultas- que muchas veces afectan o perjudican a sus aparentes beneficiarios-.

En el caso de Chile, la consolidación de la democracia de los pactos o de los consensos, responde a un arquetipo tomado por Arend Lijphart², quien defiende una propuesta de democracia consensual o consociativa que incluye en su constitución, la promoción de un sistema semipresidencial o parlamentario de gobierno que se sostenga en grandes coaliciones y que a su vez, pueda contar con ciertas herramientas, como por ejemplo, la posibilidad de vetar a las minorías (impidiendo con este gesto, que se configuren alianzas o acuerdos que integren nuevas vertientes).

Uno de los actores que cobró mucha relevancia dentro de la elaboración de esta colosal arquitectura teórico-práctica denominada “transición”, fue Edgardo Boeninger³. Boeninger retoma el planteamiento de Lijphart y lo adecúa a esta nueva etapa país. De allí entonces, que sostenga que la concertación constituye: “una tendencia de la democracia contemporánea (…) un estilo de relaciones políticas y sociales, en que la negociación y la búsqueda de acuerdos, predominan sobre la confrontación”⁴.

Asimismo, en el plano económico y social afirma que el paradigma concertacionista, está basado en acuerdos que son resueltos mediante criterios de unanimidad emanados de los estamentos participantes en dichas discusiones. Dicha estrategia, cobra mayor relevancia cuando es aplicada u orientada hacia el sector empresarial, ya que lo defiende de decisiones políticas que apelen al beneficio de las mayorías, y que por esta misma razón, los afecte negativamente en su condición de facción poderosa e influyente.

Otro elemento a considerar, y que tiene que ver con una variante más política, es que este fenómeno de sobrerrepresentación de minorías -nos referimos específicamente a la derecha chilena rearticulada después de los noventa-; se le debe agregar la presencia de un grupo reducido de familias que controla las empresas más importantes del país, cuya participación se extrapola hacia los medios de comunicación, entre otros rubros (presencia que se inició durante la dictadura y que posteriormente se solidificó mediante los lazos que éstas establecieron y cultivaron con el mundo militar durante los años en que la Concertación detentó el control gubernamental).

La expansión de este estilo tecnocrático, elitista y consensual que caracterizó a la transición, se puede evidenciar, entre otras cosas, en el desarrollo de la mayoría de las políticas sociales y en el tratamiento a los casos de derechos humanos.

En relación a este último tema, las propuestas políticas ligadas a la reparación y tendientes a la reconciliación, provienen de comisiones presidenciales compuestas por personalidades próximas a los gobiernos, ligadas a áreas más académicas o gremiales. Paradojalmente, también se convoca a personas asociadas a la derecha política e incluso a la derecha más acérrima y recalcitrante, partidaria a ultranza del régimen.

La política de los consensos tiende a construir formas de control al interior del ejercicio de la política, privilegiando una administración concentrada en la gestión y no en la deliberación, participación o expresión de subjetividad.

Siguiendo con la noción de consenso, otro de los enfoques que deben ser atraídos a este texto es el de Oscar Godoy⁵, quien apuesta por delimitar su configuración discursiva en la idea del pacto. Para llevar a cabo su hipótesis, comienza problematizando el carácter de la democracia, señalando que para algunos –que no define- se está en democracia o no se está, ya que el limbo, la situación intermedia, transitiva de “ir hacia la democracia desde el régimen autoritario”, no existe.

Por otra parte, especula que otros señalarían que la transición es un proceso que culmina en el momento que: “el gobierno militar entregó el poder a las autoridades civiles elegidas en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989. Ese acto tiene fecha: 11 de marzo de 1990”⁶.

Para reforzar esta idea recurre a una línea argumental sostenida por Manuel Antonio Garretón⁷, quien indica que la transición es un proceso que se acelera con el resultado obtenido por la opción “No” en el plebiscito de 1988. En ese instante, según Garretón, se cancela toda posibilidad de regresión autoritaria, contraviniendo de esta forma las intenciones de los partidarios de Pinochet tanto en el espacio cívico como en el militar.

Dicho proceso culmina con el ascenso del primer gobierno democrático en el primer trimestre de 1990. No obstante, Garretón hace una distinción, al considerar que el término de la transición no fue sinónimo de participación y consolidación de una democracia propiamente tal; sino que más bien se trató de una transición incompleta que dio origen a una democracia restringida, plagada de trabas y de baja calidad.

De esta forma, la tarea no consistía en continuar con una transición diezmada y condicionada por sus propias limitaciones; la idea era transformar ese régimen y generar una auténtica democracia política que no otorgara a los “poderes fácticos” o a las minorías, la posibilidad de jugar un rol decisivo en este nuevo diseño político.

Por otra parte, Godoy- quien se sirve curiosamente de Garretón para extender su particular perspectiva-; establece un contrapunto con aquellas lecturas que suponen que la transición sería un mero acto formal de transmisión del poder.

En este sentido, e impugnando esa visión simplista, sugiere, que de acuerdo a estas posturas no habría transición sino traspaso de poder (poniendo en tela de juicio que un acto “casi instantáneo” haga aparecer la democracia y deseche el autoritarismo de forma inmediata).

Godoy sostiene que en efecto, es indudable que hay quienes sostienen que dicha transición a la democracia no es tal, porque ya viven insertos en ella a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1980, afirmando con ello la validez de la concepción de democracia contenida en ese texto constitucional (aseveración que ya resulta incómoda, por no decir, sospechosa).

Por esta misma razón, participan y adhieren a una ideología que supone el posicionamiento de una democracia protegida por un tutor constitucional: las Fuerzas Armadas. Igualmente, tratan de marcar sus preferencias por aquellos dispositivos extraordinarios o excesivos que resguarden la protección de los derechos de una minoría política contra la voluntad popular, hasta el punto de no permitir que ésta pueda obtener ciertos canales de expresión.

Godoy reafirma la argumentación de Garretón en torno a la democracia y la transición incompleta, pero también conduce su reflexión hacia la necesidad de debatir sobre el escenario antagónico: la democracia “completa”.

Para exponer este punto, divide su explicación en tres niveles. El primero de ellos, tiene relación con una expresión radical de la cultura política, aquella que nos habla de la constitución de un sujeto democrático y/o ciudadano autónomo, que debiera estar habilitado para participar en la esfera pública de un sistema democrático deliberativo. El tiempo en el que se enmarca este nivel es sumamente extenso.

El segundo nivel a considerar -según el autor- nos remite a las bases, a la esencia de la democracia chilena, es decir, a los fundamentos de sus instituciones y prácticas políticas históricas. En este campo, cabe una exploración, una investigación detallada de los principios e instituciones que subyacen a las constituciones de 1833, 1925 y 1980, sin los cuales dichos textos constitucionales no habrían existido, ni menos aún sus semejanzas (revitalizando en este caso, su permanencia como articuladores y cohesionadores del proceso político).

Y por último, un tercer nivel que remitiría a las condiciones necesarias y suficientes que la democracia requiere para desplegarse como una realidad contingente. Godoy propone -tomando a Terry Karl como intertexto-; que la democracia debe ser comprendida como un conjunto de reglas procedimentales que permiten un ejercicio deliberativo y participativo “sustantivo”, mediante un conjunto de instituciones que autorizan al total de la población adulta a ejercer su ciudadanía a través de la elección de sus dirigentes políticos en elecciones competitivas, justas y efectuadas con regularidad, apegadas a garantías de libertad política y prerrogativas militares limitadas.

Y precisa el contenido de esta definición, recalcando que la democracia es un concepto político que involucra diversas dimensiones: competencia (por políticas y puestos); participación de la ciudadanía por medio de partidos, asociaciones y otras formas de acción colectiva, responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados-mediante mecanismos de representación y control civil de los militares-.

De acuerdo a Godoy, estos tres niveles de reflexión revelan que cuando se habla de transición, no aludimos ni a la emergencia o despliegue de una identidad democrática a largo plazo, ni tampoco a la vigencia de lo que se denomina como “esenciales constitucionales” ligados a la continuidad o la sucesión, sino que apunta a la existencia de condiciones necesarias y suficientes para que haya “democracia”.

Para sostener esta afirmación, recurre a una constatación, esta es, la comprobación empírica de que nuestro régimen político está intervenido por la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de “toma de decisiones” de raigambre política. Refuerza esta idea señalando que en Chile no hay un pleno control civil sobre los militares.

De esta manera, y volviendo al planteamiento de Garretón, el autor afirma que la transición está incompleta, ya que no se ha cumplido el ciclo de constitución de todos los requisitos básicos o mínimos que le permiten ingresar a un estadio de consolidación y profundización. Ello no obstruye- y allí Godoy hace la salvedad- de que el régimen político no solamente pueda ser considerado como democrático, sino que contenga una estructura que reúna todas las virtualidades que pueden conducirlo a un término de transición, y por lo mismo, a su fase de consolidación.

Respecto a este último punto, también hay divergencias. Una serie de autoridades políticas y también ciertos “expertos” han hablado del fin de la transición. Esto se pudo observar de manera más clara en el transcurso del año 98, cuando actores que expresaban su agenciamiento en el bloque de “izquierda”, hablaron de la detención del general/dictador/ex-senador designado Augusto Pinochet como el fin de la transición, mientras que sus partidarios argumentaban, como recurso persuasivo, que su extradición a España podría afectar gravemente la transición chilena a la democracia.

Posterior a esta digresión, nos adentraremos en la tesis de Godoy respecto a la naturaleza “pactada” de la transición en Chile. Godoy establece como punto de partida, que los procesos de transición dependen de manera relativa del grado de dependencia que se genera entre el tipo de autoritarismo desde el cual se parte y el grado de realización de democracia al cual se llega.

Godoy ajusta y abrevia una exposición sobre transición -que puede cobrar ribetes gigantescos-reduciéndola a una categoría expuesta por O’Donnell⁸ , designada con el nombre de “modelo de régimen burocrático autoritario”, el cual se sostendría en una coalición constituida por dos agentes: por un lado los militares y por otro, una elite tecnocrática.

Ambos actores cumplen un rol predeterminado, los militares de forma política (incidiendo en la toma de decisiones) y la posesión del monopolio de la coerción por una parte, y la elite tecnocrática tendría el talento suficiente para organizar y hacer eficiente el sistema económico. Estas ventajas “imbricadas” pueden vitalizar la alianza.

En el caso del valor que se le otorga a la sociedad civil, este modelo la proyecta desde dos ejes: por una parte, hay una cúpula militar burocratizada que tiene un fuerte apoyo en los sectores medios y altos; mientras que por otro lado, los sectores bajos se encuentran desmovilizados.

La esfera económica en particular, promueve una fuerte transnacionalización que favorece al sector privado e indirectamente al Estado, valiéndose de mecanismos disímiles. Este modelo - que fue enunciado a comienzo de los años setenta-, aún mantiene según el autor, sus cualidades interpretativas y puede ser anexado a la situación política chilena⁹.